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Debido a la falta de actuación de la Corte Suprema de Justicia para garantizar nuestros derechos laborales, nos vemos obligadas como Red de Trabajadoras Domésticas y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) con el acompañamiento jurídico del Bufete Justicia para los Pueblos, hacernos presentes una vez más ante la Sala de lo Constitucional para exigir que se cumplen con sus obligaciones legales y resuelvan favorable a nuestras peticiones para que se derogue las leyes inconstitucionales que nos perjudican como trabajadoras.
En noviembre de 2020, presentamos dos recursos de inconstitucionalidad; una contra el código laboral anticuado y discriminatorio y la otra contra la ley de salario mínimo excluyente. Aunque la Sala dio tramite a las acciones legales en 2021, se ha prolongado en exceso en resolverlas, dejando a más de 116,000 trabajadoras hondureñas en la instabilidad, reforzando claramente la deuda histórica patriarcal de precariedad laboral por no garantizar derechos fundamentales específicamente a las trabajadoras domésticas de Honduras.
Denunciamos que detrás de nuestros rostros como mujeres trabajadoras domésticas de las casas de terceros en donde realizamos nuestro trabajo, seguimos viviendo en condiciones de esclavitud en un total confinamiento, situación que nos degradan como clase trabajadora esencial. Por ser un sector feminizado y sistemáticamente oprimido, el trabajo doméstico remunerado carece de igualdad; es urgente revalorizar el trabajo doméstico que sostiene la vida y la economía ya que hace posible qué funcionen todos los ámbitos laborales.
A dos años de una larga espera, sabiendo que dentro de las facultades y responsabilidades de la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia es la administración de justicia, nosotras como organización referente del reconocimiento social y jurídico en la defensa de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas de este país, decimos que el no reconocimiento a los derechos de las trabajadoras domésticas es violencia y exigimos que esta Corte garantice los derechos humanos para nosotras en el marco de los días del activismo en donde se aproxima está fecha conmemorativa a la no violencia.
Dado el 8 de noviembre de 2022 en Tegucigalpa, Francisco Morazán.