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25 de noviembre de 2020
Hoy, la Red de Trabajadoras Domésticas en el marco del día de no violencia contra las mujeres, presentamos dos acciones de inconstitucionalidad contra la discriminación legalizada que el Código Laboral y la Ley de Salario Mínimo dispone contra nosotras. Junto al Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), el Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos (BJP) impulsamos las acciones legales para que se reconozca y garantice los derechos humanos y laborales de las 139,000 trabajadoras domésticas en Honduras.
El trabajo doméstico no es indigno, pero las condiciones a las que estamos expuestas lo son. La regulación actual del Código de Trabajo en lo relacionado con el trabajo doméstico tiene características de trabajo forzoso y en la práctica acompañado de diversas violencias. Este Código fue aprobado en 1959 sin la participación de las trabajadoras domésticas y obliga a una jornada de 16 horas diarias y no contempla días de descanso ni feriados.
Al mismo tiempo, la falta de establecimiento de un salario mínimo nos deja sin poder recibir un salario justo pues la determinación del mismo queda a la discrecionalidad de los patronos. No queremos erradicar el trabajo doméstico. Lo que queremos cambiar son las condiciones en las que realizamos el trabajo doméstico remunerado.
En 1982, con la nueva Constitución el Estado de Honduras tuvo la obligación de estandarizar una protección por igual a todos y todas las trabajadoras y que las normas del Código del Trabajo y la Ley de Salario Mínimo estaban conforme con los estándares internacionales, pero no se dio. Es la primera vez que estas leyes son cuestionadas a través de acciones legales. Es hora que la Sala de lo Constitucional garantice que no se siga violentando la Constitución de la República y derogue esta ley.
Las trabajadoras domésticas remuneradas representamos un 70% del sector económico informal, sosteniendo la economía a través de los cuidados. Hemos sido particularmente afectadas por la crisis de COVID-19 y las tormentas tropicales que causaron daños a las zonas más vulnerables. Merecemos como todas y todos en Honduras, un trabajo digno y un salario justo.
Agradecemos el apoyo y la asesoría técnica continúa brindada por Brücke Le pont, Mundubat, CARE, Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) y la Fundación Friedrich Ebert, así como de las organizaciones nacionales de mujeres y feministas autónomas. Juntas, estamos avanzando hacia la ratificación del Convenio Nº 189 de la OIT y una nueva ley inclusiva para garantizar condiciones de trabajo digno y proteger nuestros derechos, tal como lo posicionó Paraguay durante el reciente Examen Periódico Universal.
Exigimos a la Sala de lo Constitucional que declare la flagrante negación de nuestros derechos como mujeres trabajadoras, declarando inconstitucional las normas demandadas y que el Congreso Nacional reforme inmediatamente a la ley de salario mínimo para que seamos incluidas en el acuerdo anual sobre Salario Mínimo y la derogación de los artículos 154, 161 y 325 literal b) del Código del Trabajo contenidas en el Decreto Legislativo 189-59, por discriminación por motivos de sexo y condición social.
Nuestra lucha histórica para liberarnos de leyes y actitudes discriminatorias, violentas y explotadoras para una transformación inclusiva de la sociedad sigue.
Dado el 25 de noviembre de 2020, en Tegucigalpa, Francisco Morazán
La pandemia no ha logrado someternos con el miedo,
nuestras luchas no entran en el encierro y nuestras voces no hay mascarillas que las silencien.
